El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar el procedimiento de elaboración del anteproyecto de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) e iniciar los trámites de audiencia e información pública, por parte de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Esta ley quiere contribuir a la recuperación económica y la generación de empleo de Andalucía mediante la agilización de los trámites y el alivio de cargas innecesarias tanto a empresas como a particulares. Para ello, garantizará, por este orden, la viabilidad social, ambiental y económica de todas las actuaciones urbanísticas en la comunidad autónoma.
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha indicado que esta ley, que suplirá a la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) y la Ley de Ordenación del Territorio, comparte la misma filosofía de reducción de la maraña administrativa del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva. En esta línea, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía derogará tres leyes y tres decretos, además de parte del articulado y disposiciones de 16 leyes y otros tres decretos.
Con ello, se propone una revisión integral del actual escenario legislativo, que se caracteriza por su dispersión, además de generar inseguridad jurídica a ayuntamientos y particulares. La LOUA, además, ha sufrido hasta 11 modificaciones en 18 años que han enmarañado aún más la normativa urbanística. "El urbanismo en Andalucía es sinónimo de laberinto, caos legislativo, de ahí la situación de muchos municipios andaluces", ha aclarado la consejera. Frente a ello, se dotará de una "legislación sistemática, coherente y ordenada, no sólo por política legislativa, sino para facilitar su conocimiento a sus destinatarios".
La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía inicia su tramitación en el difícil contexto de la crisis sanitaria originada por el Covid-19 y, dado su impacto sobre la economía, se realizará por el procedimiento de urgencia por razones de interés público, ya que se pretende que "conlleve efectos económicos indirectos de empleo y riqueza". "No podemos esperar dos años para que entre en vigor y, con el trámite de urgencia recortaremos los plazos a la mitad", ha manifestado la consejera, que ha recordado que se hará "sin menoscabar la participación ciudadana ni la intervención de los distintos órganos y administraciones implicados".
La LISTA tiene como cometido flexibilizar el urbanismo, estableciendo reglas claras y sencillas, adaptadas a la realidad actual. En ese intento de clarificar se aunará en un único texto legal la regulación en materia de ordenación del territorio y urbanismo y se reducirá el articulado en un 30%. Además, se adecuará el modelo de clasificación del suelo a la legislación estatal.
La ley incorporará también la perspectiva de sostenibilidad social, ambiental y económica a la planificación territorial y urbanística y se añadirán directrices territoriales para proteger el litoral y el paisaje. A su vez, agilizará los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y el proceso de tramitación y aprobación, reduciendo plazos y trámites. El objetivo es que el plazo para la aprobación de un plan general, que hasta ahora supone entre ocho y diez años de media, se reduzca a año y medio o dos años. En esa simplificación, se agilizará la emisión de informes sectoriales.
También se marca como objetivo un sistema de planeamiento en función del tamaño y dinámica de los pequeños municipios y la incorporación de mecanismos de gestión urbanística adecuados a la población, capacidad y problemática de los municipios, con el fomento de la colaboración público-privada en la ejecución del planeamiento. Además, se articulará un modelo de planes urbanísticos menos rígido, atribuyendo a los instrumentos de planeamiento de desarrollo, y no al instrumento de planeamiento general, la ordenación detallada de cada ámbito.
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